Imagen nº 1 Mapa de necesidades escolares, por provincias, en 1957. Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de Enseñanza Primaria, Plan Nacional de Construcciones Escolares. Operación Escuela, octubre 1960. Madrid: Ministerio de Educación Nacional, 1960, s.p.
“El período subsiguiente a la guerra civil, en un dilatado lapso de doce años, es de signo claramente negativo en el campo de la construcción de escuelas” (Lázaro, 1975: 117). Dicha afirmación, realizada por un buen conocedor del tema, seguiría siendo cierta aun cuando el lapso de tiempo indicado se amplíe a 16 años, desde la fecha, 1951, en que su autor fija el final de ese período negativo, hasta 1957, que es cuando se inicia el primer plan de construcciones escolares bajo la dictadura franquista.
Ni siquiera la aprobación de la Ley de Construcciones Escolares de 22 de diciembre de 1953, en la que el Estado asumía de nuevo el papel de promotor directo, junto con los ayuntamientos y el sector privado, supuso cambio alguno en dicha inhibición. Habría que esperar al lanzamiento, en 1956, de un plan quinquenal de construcción de escuelas, y a la creación, en enero de 1957, de la Junta Central de Construcciones Escolares, cuando ya habían pasado veinte años desde que la guerra civil había dado al traste con los planes republicanos, para que pudiera hablarse de una acción estatal en este campo. El déficit o necesidades estimadas por los autores del plan a ejecutar entre 1957 y 1961, fue de 34.124 unidades escolares o aulas, de las que 15.738 eran para sustituir las que se hallaban en mal estado. Sin embargo, se estableció como objetivo la construcción de sólo 25.000 unidades escolares, cifra cercana a las 27.000 escuelas del plan republicano de 1931. La ejecución del plan se prolongó de hecho hasta 1963, construyéndose en estos siete años 22.788 aulas y 18.503 viviendas de maestro (Lázaro, 1975: 118-120; Tena, 1960: 22).
Lo que nos muestra el documental del NO-DO de 3 de febrero de 1958 es uno de los primeros actos de propaganda del plan: la exposición, instalada del 24 al 31 de enero de dicho año en la Biblioteca Nacional, sobre lo realizado en 1957 y lo previsto realizar durante los cuatro años restantes. No sería este el único acto propagandístico llevado a cabo. En octubre de 1960 se editaría por el Ministerio de Educación un libro, Operación escuela, con abundantes fotografías, ilustraciones y cuadros estadísticos, en el que se informaba asimismo de lo realizado hasta dicha fecha (imagen 2).
Imagen nº 2. Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de Enseñanza Primaria, Plan Nacional de Construcciones Escolares. Operación Escuela, octubre 1960. Madrid: Ministerio de Educación Nacional, 1960. Portada.
Mientras tanto, de octubre a diciembre de ese mismo año, el ministerio organizó un curso sobre “Problemática de las construcciones escolares” como colaboración al proyecto de la UNESCO titulado “Extensión y mejoramiento de la educación en la América Latina”, en el que intervendrían, por parte española, el personal técnico encargado del plan, en especial los arquitectos (imagen 3).
Imagen nº 3. Rodolfo García Pablos (dir.), Construcciones Escolares, Madrid: Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de Enseñanza Primaria, 1960. Portada.
Es a este documento, y no a los actos propagandísticos anteriores, adonde hay que acudir para conocer el desfase que tendría lugar entre las necesidades estimadas, el objetivo establecido y los resultados obtenidos.
Dicho desfase se debió, desde luego, a razones económicas; pero dichas razones dejaban traslucir otras de índole ideológica. Según el testimonio personal de Joaquín Tena Artigas, Director General de Enseñanza Primaria, las discusiones con el Ministerio de Hacienda para conseguir los recursos necesarios fueron “tormentosas”, una “lucha feroz” (Navarro, 1990: 169). Esa sería la causa de que al determinarse de nuevo las necesidades al comienzo del I Plan de desarrollo, en 1964, éstas se cifraran en 27.550 unidades escolares, una cifra similar a la del plan republicano de 1931 y, en todo caso, infraestimada por no prever las necesidades derivadas de los fuertes movimientos migratorios que tendrían lugar en la década de los sesenta.
Este primer plan de construcciones escolares no dispuso, pues, de los medios necesarios, aunque sí contara con un buen equipo técnico. La lectura de las ponencias presentadas en el mencionado curso revela, por ejemplo:
- El buen conocimiento que los arquitectos y demás personal de la Junta de Construcciones Escolares tenían de las tendencias y propuestas más avanzadas en este campo a nivel internacional, así como de las tipologías de edificios escolares existentes tanto a nivel teórico como práctico.
- La importancia que los técnicos de la Junta de Construcciones concedían a los aspectos urbanísticos de los edificios escolares (Viñao, 2006: 290-292).
Toda esta preparación y formación técnica estuvo limitada, en su acción, por tres aspectos: la ideología rural-conservadora, la escasez de recursos y el incumplimiento de la legislación urbanística. El ruralismo fue, en efecto, uno de los rasgos ideológicos más acusados en el franquismo de la postguerra. La mitificación del mundo rural frente al urbano fue una constante no sólo en los libros de texto, sino en la literatura pedagógica de la época. El maestro y la maestra rurales eran vistos como apóstoles en tiempo de misión que iban a redimir al país de la incultura y, en colaboración con el párroco, a cristianizarlo. Construir escuelas en los pueblos y aldeas, con vivienda para el maestro o maestra, a fin de retener a la gente en su hábitat rural, se convirtió en uno de los objetivos del nuevo régimen político. De ahí que el primer concurso de proyectos tipo del plan de construcciones escolares, convocado en 1956, fuera para escuelas rurales ―expresamente publicitado en el documental del NO-DO―, y que sólo después, en 1957, se abriera un segundo concurso para proyectos de escuelas graduadas de 12 unidades ―6 para niños y 6 para niñas― y 6 unidades para un solo sexo.
La escasez de recursos no sólo afectó al número de escuelas construidas. La convocatoria del concurso de 1956, por ejemplo, establecía la sustitución del hierro y del acero por otros materiales “más baratos y asequibles”, instaba a emplear “elementos normalizados”, y reducía los espacios al mínimo ―dos aulas para 40 alumnos, vestíbulos o porches de acceso y aseos―, así como la superficie edificada y los metros cúbicos por alumno. Incluso ello resultó insuficiente, por lo que hubo que recurrir a soluciones de emergencia, de menor coste y más rápido montaje, como las aulas prefabricadas o la llamada “microescuela”.
La “necesidad de establecer una doctrina urbanística escolar” fue uno de los temas recurrentes del citado curso. Algunas voces críticas aludían a la “hipertrofia de los centros urbanos” que, combinada con la ausencia o el incumplimiento de la planificación urbanística, estaba provocando un crecimiento al azar, puramente especulativo, dependiente de “iniciativas particulares” más atentas a “los beneficios inmediatos” que a sujetarse a “una disciplina colectiva”. El resultado de este desarrollo urbano “tumultuoso y anárquico”, de la descoordinación entre los ministerios de Educación y Vivienda, y de “la cicatería y despreocupación de los Ayuntamientos por el tema” eran unos planes “mezquinos y tarados desde sus comienzos”, una enseñanza privada “incontrolada, en plan de negocio y comercio, en pequeños pisos de casas de vecinos, sin campos de juego y recreo y locales inadecuados”, y una enseñanza oficial en grupos escolares de insuficiente superficie que no cubría la demanda creciente derivada de estos nuevos asentamientos urbanos (Vázquez, 1960: 235-236).
Otras ponencias, como la del inspector de enseñanza primaria Antonio Gil Alberdi, invertían la preocupación hasta entonces predominante al centrarla en el medio urbano. La construcción de escuelas rurales, era descrita como “un gran dispendio a través de una nutrida siembra de unidades aisladas por las zonas más ásperas e ingratas del territorio nacional”. Sin embargo, añadía, las “nuevas tendencias económicas y técnico-docentes iban por otros derroteros: los de la escuela comarcal graduada”. Sólo la construcción de una escuela de este tipo, con comedor y transporte, más las dependencias que, por cuestiones de rentabilidad, nunca podrían construirse en una escuela unitaria o mixta, permitirían ofrecer una enseñanza de calidad (Gil, 1960: 244). El diagnóstico estaba hecho. Ahora sólo era necesario llevarlo a la práctica en un país que en 1960 ofrecía en Europa uno de los porcentajes más elevados (el 47 %) de escuelas de un solo maestro o maestra o de solo dos a cinco aulas. Esta nueva política, la de las comarcalizaciones y supresión de las escuelas en el medio rural sería ya visible en el I plan de desarrollo (1964-1968) para imponerse definitivamente en los posteriores.
Bibliografía
Gil Alberdi, Antonio, “Función social del edificio escolar”. En Rodolfo García-Pablos (dir.), Construcciones escolares. Madrid, Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de Enseñanza Primaria, 1960, pp. 237-244.
Lázaro Flores, Emilio, “Historia de las construcciones escolares en España”, Revista de Educación, 240 (1975), pp. 114-126.
Navarro Sandalinas, Ramón, La enseñanza primaria durante el franquismo (1936-1975). Barcelona, PPU, 1990.
Tena Artigas, Joaquín, “El Plan Español de Construcciones Escolares”. En Rodolfo García-Pablos (dir.), Construcciones escolares. Madrid, Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de Enseñanza Primaria, 1960, pp. 21-26
Vázquez de Castro, Luis, “Aspectos del urbanismo escolar”. En Rodolfo García-Pablos (dir.), Construcciones escolares. Madrid, Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de Enseñanza Primaria, 1960, pp. 231-236.
Viñao, Antonio, “El espacio escolar: viejas cuestiones, nuevos escenarios”. En Agustín Escolano (dir.), Historia ilustrada de la escuela en España. Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2006, pp. 289-308.
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